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Opinión - 7 días ago

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La falta de medios humanos a la que se enfrentan las oficinas de Extranjería está provocando graves retrasos en la tramitación de la documentación requerida por la Administración a los inmigrantes

La falta de medios humanos a la que se enfrentan las oficinas de Extranjería está provocando graves retrasos en la tramitación de la documentación requerida por la Administración a los inmigrantes. Estas demoras se están viendo a su vez prolongadas por la expansión de un mercado ilegal de turnos de atención al público, gestionados a través del sistema de cita previa. La imposibilidad material de realizar cualquier trámite a la que se enfrentan los inmigrantes por la acción combinada de empresas, locutorios y abogados especializados, que copan los turnos de atención tan pronto la Administración los pone a disposición de los usuarios, está dificultando regularizar su situación a personas de origen extranjero que cumplen las condiciones exigidas por la ley, así como provocando situaciones de ilegalidad sobrevenida. Todo ello coincidiendo con un descenso significativo de los flujos de inmigración irregular hacia España.

A diferencia de precampañas y campañas anteriores, en esta ocasión la política migratoria no ocupa una posición destacada en el debate electoral, salvo en los mítines de la ultraderecha que pretende hacer bandera de la xenofobia. La colaboración de Marruecos ha sido determinante a la hora de reducir el número de personas que han intentado entrar ilegalmente en España durante el último año, al reforzar el control sobre la frontera marítima y no solo sobre la terrestre. España, por su parte, ha correspondido al esfuerzo de Marruecos presentándolo como un país estratégico ante los socios europeos. Esta cooperación ha demostrado ser el camino más eficaz, no solo para dificultar la actividad de las mafias que trafican con personas, sino también, y sobre todo, para evitar muertes en el Estrecho y limitar el crecimiento de bolsas de trabajo ilegal donde los inmigrantes carecen de los más elementales derechos.

Pero los avances en esta dirección y el hecho de que parezca existir un consenso tácito entre los partidos, más allá de episodios como el del Open Arms, podrían verse comprometidos si no se ponen los medios para seguir ampliando el espacio de la legalidad en la gestión del fenómeno migratorio. Desde esta perspectiva, la Administración está obligada a reaccionar ante la noticia cierta de que las personas que necesitan acceder a las oficinas de Extranjería están siendo objeto de extorsión. Sobre todo porque se trata de un problema que otras instancias administrativas han padecido con anterioridad y para el que han encontrado soluciones satisfactorias. El círculo vicioso por el que la escasez de funcionarios provoca la reventa de citas en las oficinas de Extranjería no puede ser asumido como una fatalidad, sino como un capítulo sustantivo de la política de inmigración que requiere urgente respuesta.

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